Los alcances de la emergencia hidrocarburífera en Santa Cruz
La medida tendría vigencia hasta el 31 de diciembre próximo y busca agilizar el proceso de reversión de las áreas de YPF. La discusión del costo del pasivo ambiental es el telón de fondo.
La iniciativa, que lleva las firmas de diputados del bloque oficialista ‘Por Santa Cruz’, se fundamenta en la situación que atraviesa la provincia tras los desentendimientos del gobierno provincial con la conducción de YPF, que si bien anunció el mismo plan de salida en todas las provincias donde operaba áreas convencionales, Santa Cruz es la que más se ha prolongado en el tiempo. Gran parte de esa demora se debió a la indefinición del gobernador Claudio Vidal desde el inicio del proceso, como lo evidencia el avance que ya se registró en otras provincias, Chubut entre ellas.
El punto central del proyecto de ley es el artículo 2, que autoriza a todos los organismos provinciales intervinientes en el tema, «a arbitrar todas las acciones (para), flexibilizar y/o agilizar procedimientos y dictar las medidas administrativas y legales que sean necesarias en tal sentido, a los fines de priorizar y salvaguardar responsablemente tanto las Concesiones cuya emergencia se declara, como así también los recursos hidrocarburíferos, las fuentes de trabajo de nuestros habitantes y la producción sostenida en dichas concesiones».
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Otro dato destacable es que la emergencia alcanza exclusivamente a los yacimientos de YPF, según se aclara en el artículo 1 del proyecto, cuya autoría es de los diputados Fernando Omar Españón, Santiago Aberastain Zubimendi, Claudia Fabiana Barrientos, Piero Boffi y Javier Jara.
El artículo 4 contiene una declaración de principios, según la cual «la Provincia de Santa Cruz, en uso de las prerrogativas contenidas en el artículo 52 de la Constitución Provincial, bregará en forma inclaudicable y persistente en la defensa de la producción sustentable de sus recursos hidrocarburíferos, el desarrollo social y el trabajo de todos los habitantes de la Provincia».
Entre los fundamentos, se hace mención a la crisis provocada por la salida de la principal operadora del país y el vínculo histórico con la comunidad santacruceña:
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«Desde aquel primer pozo descubierto en el año 1944 hasta la actualidad, con la exploración de recursos no convencionales, no solo nuestra economía se nutrió de los recursos provenientes de hidrocarburos, sino que la vida de los habitantes, el progreso social y el desarrollo de las ciudades estaban enraizadas con esta actividad», señala el texto.
Sin embargo, añade, «todo este panorama se fue modificando en los últimos años, cuando YPF decidiera retirarse de aquellas áreas convencionales que posee en la Provincia; y mediante directivas empresariales que impidieron el consenso con el Estado Provincial, han dificultado una transición ordenada a los fines de asegurar la continuidad y la necesaria reactivación de la actividad».
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Devolución a la provincia, costo del pasivo ambiental y nueva adjudicación desde Fomicruz a privados
De acuerdo con la información recabada por esta agencia, todo indica que el horizonte más probable para la definición de la salida de las áreas será reversión, o devolución, de esas concesiones al Estado provincial, a través de la empresa Fomicruz. A partir de ahí, se iniciaría un proceso de evaluación y cuantificación del pasivo ambiental, por el que YPF debería pagarle al Estado provincial, una vez determinado el costo de la reparación y saneamiento.
Ese procedimiento puede llevar varios meses, entre la realización de la auditoría ambiental y otros requerimientos que deben cumplirse, de acuerdo con lo establecido por ley. Precisamente ese tiempo es la dificultad que aparece para las dos partes: para la provincia, poque sería un período con mayor caída de regalías, por la inactividad de los yacimientos mientras se hacen las verificaciones; y para la operadora, porque asegura que pierde 10 millones de dólares por cada mes que se demora la salida.
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A partir de ese panorama, se busca consensuar una prórroga para que YPF siga a cargo de las áreas, mientras se concreta la auditoría, pero en ese caso con el menor costo operativo que busca conseguir, a partir de los 2.500 retiros voluntarios que está llevando adelante.
Por eso, la ley apunta a agilizar los tiempos en todo lo posible para que el proceso sea lo menos prolongado posible, avanzando posteriormente en una nueva adjudicación a empresas de la zona, que sería un listado similar al que circuló en las últimas semanas, aunque sin la presencia de CGC.
El otro tema que resta definir es el costo del saneamiento ambiental, lo que sólo sería posible determinar una vez concluido el relevamiento de todos los impactos. Las estimaciones previas hablan de varios centenares de millones de dólares (por encima de los 300, pero muy lejos de los 1.000 que planteaba el gobierno al inicio de las discusiones), en una negociación que manejan la conducción de la operadora y el gobernador Claudio Vidal.