Subsidios al transporte: el rol de La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia revocó una medida cautelar que le permitía a un grupo de empresas de transporte de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense no modificar el cuadro tarifario establecido por la Secretaria de Transporte del gobierno actual. La disputa es por las compensaciones al sistema.
La decisión de las máximas autoridades judiciales se da en un contexto de denuncias cruzadas entre los grupos de empresas que manejan los colectivos en AMBA y que provocó, en diciembre pasado, la eyección de varios funcionarios del área del gobierno de Javier Milei por presuntos hechos de corrupción.
La Justicia puso la lupa en un grupo empresario que habría inflado los subsidios a los boletos de colectivos, una práctica habitual durante los años de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal de la Nación.
Las ramificaciones del escándalo involucran al entorno del detenido Miguel Ángel Calvete, investigado por la causa ANDIS por el fiscal Franco Piccardi y el juez Sebastián Casanello. Calvete tenía relación con las cámaras empresarias que lo recuerdan por su enorme “viveza criolla”.
La Corte Suprema, mientras tanto, dejó sin efecto una resolución que había sido otorgada en primera instancia y luego confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, tras una demanda presentada por varias compañías del sector que cuestionaban la actualización de la estructura de costos.
Todo comenzó cuando un grupo de empresas promovió una acción en conjunto contra el Estado Nacional y el Ministerio de Transporte. Entre esas empresas, está la involucrada en las denuncias judiciales: La Nueva Metropol.
Las cámaras denunciantes aseguraron en la Secretaría de Transporte, que Metropol habría aprovechado los cambios en la normativa realizada durante la actual gestión mileista para “registrar viajes cortos como si fueran tramos intermedios o largos”. De esa manera, se entregaba boletos de mayor valor tarifario y, por ende, más subsdios.
Estiman que el negocio ascendería a los 30 mil millones de pesos al año. Los colectiveros estaban obligados, según lo denunciado, a “hacer la vista gorda”.
Un colectivo cobra, actualmente, un sueldo promedio de un millón y medio de pesos. En algunas de estas empresas se les depositaba las horas extras y algunos viáticos a través de billeteras virtuales como es el caso de Ibagaza SA que, en su página web, se presenta como expertos en “soluciones financieras, gestión de cobranzas y pagos”.
El presunto esquema fue detectado a partir del análisis comparativo de los datos de la SUBE antes y después de la entrada en vigencia de la resolución.
Por ejemplo, hubo líneas de la citada empresa, como la 195, que los cambios registrados en los viajes cortos fueron abruptos: casi nadie realizaba viajes cortos en los últimos años.
El sistema de transporte público en la Argentina es una enorme cuenta pendiente de la política y la justicia argentina. Las líneas ofrecidas en los municipios del Conurbano no se alteran desde hace 40 años mientras que la densidad demográfica de algunos partidos fue modificándose a lo largo del tiempo.
Para las cámaras empresarias este perjuicio alcanza la friolera suma de 3 mil millones de pesos al mes y afectó a las arcas públicas de manera considerable.
Desde Metropol rechazaron las acusaciones y aseguraron queno existió una maniobra deliberada sino que todo fue producto de lo que se conoce como “una evasión gris”.
La Justicia tendrá la última palabra. Mientras tanto, la Corte Suprema comenzó a poner las cosas en orden.