Hidrovía: sigue la polémica por la licitación
- Dos compañías denuncian que la administración de Javier Milei busca favorecer al actual concesionario, el belga Jan de Nul.
- El 12 de febrero se conocerán los candidatos a quedarse con la concesión.
A menos de dos semanas del inicio de la licitación, para la nueva concesión del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) de los ríos Paraná y Paraguay, más conocida como «Hidrovía», sigue habiendo controversia (con tensiones políticas y complicaciones jurídicas), aunque el Gobierno avanza con sus planes para volver a la privatización del funcionamiento de la vía fluvial más importante de la región, por donde transita el 80% de las exportaciones de granos del país y también de Paraguay.
Para la administración de Javier Milei no habrá cambios, y el 12 de febrero se conocerán los candidatos a quedarse con la concesión de dragado y mantenimiento de la vía navegable. Sin embargo, dos de las empresas que ya vienen denunciando sin éxito un pliego “amañado”, volverán a la Justicia para intentar frenar el proceso.
Las empresas DEME y su par de Dinamarca, Rohde Nielsen, aprovecharán para volver a la carga la semana próxima, momento en que se acaba la feria judicial.
Hace 15 días, el Juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal -a cargo de Enrique Lavié Pico- ya había rechazado una solicitud de medida cautelar que pedido por la empresa belga Dredging International (DEME) para suspender la licitación.
Según quedó establecido en los pliegos, el ganador de la licitación podría obtener una facturación estimada en US$ 410 millones por año durante 30 años -prorrogables por otros 30 más- a partir del cobro de peaje a los usuarios de la Vía Navegable Troncal, que son principalmente las grandes cerealeras (agroindustria).
El proceso está cargado de polémica, ya que los principales competidores acusan al Gobierno de haber direccionado la licitación hacia la belga Jan de Nul -que en Argentina opera como la Compañía Sud Americana de Dragados-, que tuvo la concesión de la Hidrovía durante 30 años, hasta que en 2021 volvió al Estado nacional.
“La cuestión traída a resolver excede el instituto cautelar, atento a que se requiere un estudio más profundo y un mayor debate y prueba del que autoriza este tipo de procesos”, detalla el fallo.
DEME apeló el fallo y al igual que otras empresas seguirá insistiendo en la cancelación de la licitación para cambiar los pliegos. Además de las belgas Jan de Nul y DEME, también compiten por este negocio las empresas neerlandesas Boskalis, Van Oord y Rhode Nielsen, mientras que la china CCCC Shanghai Dredging quedó afuera porque el proceso no admite a compañías que estén bajo control de los estados soberanos.
Rhode Nielsen había presentado en diciembre, al igual que DEME, un recurso administrativo en el que alegaba que el proceso está direccionado, mientras que la firma china pidió cancelar la licitación para que en otra distinta se la deje participar.
Por entonces, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPCC), que nuclea a las empresas que poseen, administran y explotan puertos de uso privado en los términos de la Ley 24.093, había presentado también un pedido para que se prorrogara al menos por 30 días la apertura de los sobres.
Algunos privados solicitaron que se aumentara el peso de la oferta económica para que haya más competencia por tarifas -porque consideran que no la hay, dado que se le otorga mayor validez a la oferta técnica- y que se asegure un dragado a 40 pies, imprescindible para poder cargar con mayor volumen los barcos.
La Hidrovía entró en un proceso de nueva licitación en noviembre pasado, por decreto del gobierno libertario y su plan de motosierra, ajuste y privatización.
A su vez, con la ex Administración General de Puertos (AGP) como foco de denuncias de todo tipo de corrupción y desmanejos públicos y privados, ahora es uno de los atractivos importantes para la inversión de empresas extranjeras.
A principios de enero, el Gobierno modificó el organismo que desde 2021 tiene la concesión de la Hidrovía y unificó dos entidades -la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la AGP- en la llamada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), cuya conformación sigue incompleta, mientras fueron creciendo también los cruces políticos.
Desde el gobierno apuntan contra Mauricio Macri y su ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich por una supuesta intención de querer influir en la licitación a favor de Boskalis, mientras que desde el macrismo se quejan de la lentitud del Gobierno en la reprivatización y modernización de esta vía navegable.
En su momento, DEME había solicitado que de manera “urgente” se suspendiera la licitación en marcha de la Hidrovía si no se modificaban las actuales condiciones de la compulsa.
Por ejemplo, aunque el Gobierno ha dicho que hay conformidad de las empresas, también la embajada de los Países Bajos presentó una nota el pasado 30 de diciembre al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con copia a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Exteriores, Gerardo Werthein, en la que habla de “inquietudes de empresas neerlandesas en relación” a dicha licitación.
Lejos de expresar tranquilidad, la misma transmite que a las empresas de ese país “resulta muy acotado” y aunque esa fecha del 12 de febrero ya es una extensión, el “plazo total desde el anuncio del llamado a licitación es inferior a tres meses”, lo que incluía los feriados de Navidad y Año Nuevo.
Entonces, “por ser uno de los mayores contratos en el mundo del dragado, del cual depende en gran medida el futuro económico” de la Argentina y de la región -acotan- se esperaba un “plazo mayor para que las empresas puedan elaborar una oferta buena y completa”.
No fue la única molestia manifestada por la embajada, con la firma de la encargada de negocios, Nadji E. Bilik. Apuntaba, por su parte, que las empresas hablan de un “elevadísimo monto de las garantías” en el proceso de licitación. Hablan de US$ 20 millones. Y también de una “muy inusual” garantía de impugnación de US$ 10 millones, para hacer costoso el proceso.
Por si ello fuera poco, los neerlandeses también refieren al pago de la deuda de la AGP. Y dice que “se ha dado a entender” que el ganador de la licitación debe efectuar un pago de US$ 78,9 millones para que la AGP -que con el gobierno de Alberto Fernández era la que cobraba los peajes- cancele la deuda con el concesionario actual y presente una garantía que sería devuelta a realizar dicho pago. “Esta obligación es muy inusual, y al final encarecerá la concesión, y se trasladará a la tarifa de los usuarios”, plantearon.