Privatización de hidroeléctricas
La decisión del Gobierno nacional de postergar la reprivatización de las usinas hidroeléctricas del Comahue reavivó el malestar en el segmento político de Río Negro y Neuquén, las provincias que comparten ese complejo energético. Los funcionarios de ambos distritos exigen que el oficialismo cumpla el nuevo plazo establecido –fijado para el 24 de abril, tras incumplirse el proceso establecido para el 9 de este mes– para activar el proceso de transferencia del control de las centrales. En simultáneo, senadores rionegrinos y neuquinos elevaron una carta a los gobernadores de dichos distritos y con alcance a la Casa Rosada donde, entre otros aspectos, reclaman el control provincial en la mitad de las acciones de las instalaciones y una concesión de solo 10 años con retorno al Estado.
El pedido en cuestión lleva las firmas de senadores como Silvia Sapag, Oscar Parrilli, Martín Doñate y Silvina García Larraburu, y refiere al destino de los complejos hidroeléctricos de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. En el texto se pone énfasis en la intervención de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, gobernadores de Neuquén y Río Negro, respectivamente, y el análisis de los pliegos para promover la privatización de las usinas.
En la misiva se demanda que las provincias mantengan el control del 50% de las acciones de los complejos energéticos. Además, se propone un plazo máximo de concesión del orden de los 10 años.
Privatización de las hidroeléctricas: plantean un retorno al Estado
Los funcionarios también plantean una vuelta de los activos al Estado una vez concluidas las concesiones otorgadas. Y fijan la obligación de que quienes asuman el control de las hidroeléctricas reinviertan el «50% de las utilidades en el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura del sector eléctrico».
En otro apartado del pedido se señala que los ingresos por la venta del 50% del capital accionario de las instalaciones debería «depositarse en dólares estadounidenses en el BCRA«, y se postula la exigencia de que dichos montos «no se destinen al pago de deuda o intereses por deuda externa».
Las diferencias entre las provincias y sus legisladores versus el Gobierno nacional respecto del destino de las usinas del Comahue acumulan meses de iniciadas y multiplicadas.
Por mencionar un antecedente, ya en febrero del año pasado Neuquén y Río Negro emitieron cartas documento contra el Gobierno nacional intimándolo a desistir de cualquier intento por asumir el control de las hidroeléctricas, así como también señalando que impedirán todo movimiento unilateral relacionado con la concesión de los complejos.
En sus notificaciones, los mandatarios de ambos distritos anticiparon que desconocerán las decisiones que se tomen en Casa Rosada respecto de las usinas, y remarcaron que la Constitución señala con claridad que las provincias son las dueñas absolutas de sus recursos naturales.
Las gobernaciones de Río Negro y Neuquén exigieron que «el Estado Nacional, y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias«.
La última prórroga acentuó el malestar en las provincias de las hidroeléctricas
Contrarreloj y el mismo día en que venció el plazo que se había fijado el año pasado –esto es, 9 de abril–, la administración de Javier Milei postergó el proceso de reprivatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue que tienen sus contratos vencidos y prorrogados hasta el mes de agosto.
Tal como informó iProfesional, por demoras operativas y diferencias internas se llegó a esa fecha sin haber puesto en marcha el proceso licitatorio destinado a adjudicar las centrales a los nuevos concesionarios, que deberían hacerse cargo de las mismas antes del 11 de agosto próximo.
Para cubrir ese bache, el Gobierno aplazó por un período de 15 días el lanzamiento del proceso de reprivatización de las represas. De no mediar nuevas prórrogas, el 24 de abril debería concretarse la convocatoria oficial para los oferentes locales y extranjeros que estén interesados en el negocio.